La Asociación Benéfica Geriátrica (ABG) y la Asociación Mis Mayores (MIMA) organizaron, el pasado viernes en el Imserso, una jornada en la que profesionales del ámbito jurídico, de la psicología y del trabajo social profundizaron en las herramientas existentes en nuestra legislación para la protección jurídica de las personas mayores y las vías de actuación ante la problemática de un mayor presunto incapaz, tanto a nivel profesional como familiar. Una jornada que contó con la colaboración de ORPEA y a la que acudieron más de 200 profesionales interesados en conocer las diferentes herramientas existentes con las que hacer frente a situaciones tan complejas como, por ejemplo, el internamiento involuntario.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima; el vicedecano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, Daniel Gil, y la coordinadora de ABG, Silvia Sierra inauguración la jornada.

Lima dio la bienvenida a los profesionales de intervención social y subrayó que desde la Secretaría de Estado se trabaja de manera transversal teniendo en cuenta dos ejes: el que tiene que ver con aspectos jurídicos y el que se centra en la ética profesional. Por su parte, Daniel Gil señaló que el trabajador social se enfrenta a dos retos: formativo, con el pregrado, posgrado y el aprendizaje a lo largo de la vida, y el deontológico, ya que la práctica de la profesión no debe entrar en colisión con la orientación individual.

Profesionales implicados

La introducción a las medidas de protección jurídica de las personas mayores corrió a cargo de Ignacio Carpio, notario y colaborador de la Fundación Aequitas. Este profesional partió de la premisa que no hay un concepto de persona mayor desde el punto de vista jurídico, pero sí existen consecuencias jurídicas no deseadas de llegar a mayor como, por ejemplo, el internamiento involuntario.

Por su parte, el trabajador social del Programa Mayores en Domicilios, de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), Nacho Alonso, habló sobre el trabajo social desde el AMTA y la coordinación con otros recursos sociosanitarios. Este profesional destacó que “protegemos a las personas, las acompañamos y velamos por sus intereses”. Durante su intervención, recordó quién puede iniciar el proceso de modificación de capacidad y explicó en qué consiste el procedimiento, desde que el expediente llega a la fiscalía hasta que hay una declaración de sentencia firme.

Finalmente, la psicóloga forense de los Juzgados de Incapacidades y Tutelas de Madrid, Pilar Castellanos, se centró en la intervención del equipo psicosocial (psicólogo y trabajador social) en los procedimientos de modificación de capacidad, tutelas e internamientos involuntarios. Una vez iniciado el procedimiento de incapacitación, si bien las pruebas pueden consistir en documentos, peritajes, testificales, etc., Castellanos subrayó que también se procede a la exploración judicial de la persona presuntamente discapaz, la exploración médico-forense y la audiencia de parientes más próximos.